1990

JUSTICIA SIN ROSTRO

Entre 1984 y 1991, año en que se creó la justicia sin rostro, murieron 32 jueces y magistrados. Foto: El Colombiano.
La Justicia sin rostro fue una medida que adoptó el Gobierno colombiano para proteger a los funcionarios de la rama judicial de las amenazas y actos terroristas que perpetraban los narcotraficantes para presionarlos a tomar decisiones que los favorecieran.
En 1990, el presidente César Gaviria emitió el Estatuto para la Defensa de la Justicia, este permitió el surgimiento de la Justicia regional, o Justicia sin rostro, que comenzó a operar en enero de 1991 para juzgar los delitos de tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, concierto para delinquir, rebelión y sedición.
A este modelo de justicia también se le conoció como Justicia sin rostro porque para garantizar su seguridad, preservaba la identidad de los jueces, fiscales y testigos. Para mantener su anonimato, los fiscales y jueces realizaban sus indagatorias y audiencias en cabinas con vidrios polarizados, su voz era distorsionada y en el expediente no aparecía su nombre, sino un código.
Los nombres de los testigos tampoco figuraban, su testimonio era avalado por su huella y sus declaraciones no se ponían en conocimiento de los abogados defensores. En Medellín, donde la rama judicial había sido víctima del cartel de esta ciudad, funcionó una de las cinco regionales de la Justicia sin rostro.

No bastaban

A pesar de la drasticidad de estas medidas, en poco tiempo se demostró que eran insuficientes. Los narcotraficantes comenzaron a perseguir los carros blindados en los que eran transportados los juristas, además ofrecían altas sumas de dinero para obtener información sobre ellos.
Como muestra de las mínimas garantías que ofrecía, el 18 de septiembre de 1992 fue asesinada la juez sin rostro Myriam Rocío Vélez y sus tres escoltas en un ataque sicarial en Medellín. Su muerte fue atribuida a Pablo Escobar y estaría relacionada con su vinculación en la investigación por el homicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano.
Además, los funcionarios de la rama judicial constantemente denunciaban la falta de un esquema de seguridad adecuado. En 1992 una encuesta a fiscales y jueces regionales indicó que el 89 % no tenía escolta, el 96 % no contaba con chaleco antibalas y el 44 % se desplazaba de su casa al trabajo por cuenta propia.

¿Un mecanismo efectivo?

La aplicación de este modelo permitió juzgar a más del 70% de los miembros del cartel de Medellín. También jugó un papel fundamental en la investigación y juzgamiento de los implicados en el proceso 8.000, adelantado por el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper.
A pesar de lo anterior, los detractores de la Justicia regional llamaban la atención sobre aspectos como el desconocimiento del Estado de Derecho y la ineficacia para condenar a los delincuentes con capacidad financiera y militar para atacar o evadir a la justicia, que eran a quienes se pretendía combatir con este régimen especial. En contravía a este principio, el 25 % de sus procesados son campesinos, el 9,3 % son obreros, el 50 % apenas alcanza el nivel de educación primaria y el 80 % gana menos del salario mínimo.
En varias oportunidades la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se manifestaron en contra, afirmando que condenaban el uso de jueces anónimos porque violaba el principio de la independencia de la judicatura y restringía el derecho del acusado al debido proceso, y a un juicio justo.
Finalmente, la Justicia regional se implementó hasta junio de 1999 por decisión de la Corte Constitucional, pues esta determinó que su aplicación violaba varios derechos y garantías constitucionales. Fue reemplazada por la justicia especializada que eliminó la figura de los Jueces sin rostro, pero no la posibilidad de tener fiscales o testigos secretos.

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